Derechos de las Personas con Autismo: Garantías Legales y Desafíos en el Acceso a la Justicia

Derechos de las Personas con Autismo: Garantías Legales y Desafíos en el Acceso a la Justicia

El autismo, una condición que afecta la percepción y comunicación de quien la padece, es un tema central en la lucha por los derechos humanos en Perú. Las personas con autismo tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y la ley está diseñada para proteger esos derechos. Sin embargo, la distancia entre lo que establece la legislación y la realidad práctica a menudo es significativa.

Un Marco Legal para la Protección

En 2013, se promulgó la Ley N° 30150, un hito en la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta ley establece que el Estado debe garantizar una atención integral, asegurando que las personas con autismo puedan acceder a servicios de salud, educación, y empleo sin discriminación. Esta legislación también destaca la importancia de la inclusión social y el respeto por la dignidad de las personas con autismo.

De igual importancia es la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973), que entró en vigor en 2012. Esta ley refuerza la igualdad de oportunidades, ordenando la eliminación de las barreras físicas y sociales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. Además, asegura que estas personas tengan acceso a la educación inclusiva, adaptaciones laborales razonables, y, fundamentalmente, a la justicia.

Realidades y Obstáculos

Aunque el marco legal es robusto, la aplicación de estas leyes a menudo se queda corta. Las personas con autismo enfrentan numerosas barreras cuando intentan acceder al sistema judicial. Las dificultades de comunicación y la falta de sensibilidad de algunos profesionales del derecho pueden hacer que sea casi imposible para estas personas ejercer sus derechos plenamente.

El Código Procesal Constitucional y el Código Civil del Perú contienen disposiciones que teóricamente permiten a las personas con discapacidad participar en procesos judiciales con las adaptaciones necesarias. No obstante, la realidad es que la falta de formación en autismo por parte de jueces, fiscales y abogados, junto con la carencia de recursos accesibles, resulta en un sistema judicial que, en la práctica, excluye a las personas con autismo.

Hacia una Justicia Más Inclusiva

Superar estas barreras es un reto que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. El Estado peruano debe continuar desarrollando e implementando políticas que no solo protejan, sino que también promuevan activamente los derechos de las personas con autismo. La formación continua de los profesionales del derecho y la creación de recursos accesibles y adaptados a las necesidades de las personas con autismo son pasos esenciales en este proceso.

Organizaciones como Ley Azul juegan un papel crucial en este esfuerzo. Estas iniciativas no solo conciencian sobre los derechos de las personas con autismo, sino que también empoderan a sus familias, ayudándolas a navegar un sistema legal que a menudo es complejo e inaccesible.